La confirmación del primer caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí dentro del término municipal de Barcelona ha supuesto un punto de inflexión en la gestión del brote que afecta desde noviembre al entorno de Collserola. Las autoridades catalanas han decidido dar un giro a las restricciones y cerrar de manera generalizada el acceso al medio natural del parque, que hasta ahora solo estaba limitado por la noche o en algunas zonas concretas.
El hallazgo del animal infectado, muy próximo al límite con Sant Just Desvern, ha llevado al Govern a tratar la sierra de Collserola como un bloque único, endureciendo el perímetro de control y ampliando las medidas a todos los municipios implicados. Aunque el virus no afecta a las personas, la alarma se centra en el riesgo para la cabaña porcina y en las consecuencias económicas que puede arrastrar para uno de los sectores clave de la ganadería española.
Primer positivo en Barcelona y cambio de escala en la contención
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha confirmado que el nuevo positivo está vinculado al mismo foco que se originó en la zona de Sant Just Desvern, donde ya se venían detectando jabalíes infectados. La diferencia es que, esta vez, el animal se ha localizado ya dentro del término municipal de Barcelona, lo que, en palabras del propio conseller, supone “un cambio de escala en la estrategia de contención”.
La detección se produce tras varias semanas en las que el brote ha ido rompiendo sucesivamente el perímetro inicial alrededor de Cerdanyola del Vallès y el campus de la UAB, considerado la zona cero desde finales de noviembre. En diversas comparecencias en el Parlament, Ordeig ha admitido que este escenario era “esperable”, una vez que la infección se había desplazado hacia el sur de la sierra, primero hacia el Baix Llobregat y posteriormente hacia enclaves del propio término barcelonés.
Según los últimos recuentos de la Generalitat, se han confirmado ya más de 216 jabalíes positivos por PPA desde el inicio del brote, una cifra que seguirá aumentando a medida que el Ministerio de Agricultura valide oficialmente las nuevas muestras, entre ellas la del jabalí hallado en Barcelona. Paralelamente, se han analizado más de un millar de animales que han resultado negativos, lo que permite tener un mapa más preciso de la expansión de la enfermedad.
En todo momento, el Departament de Agricultura insiste en que, pese al avance entre la fauna silvestre, no hay explotaciones porcinas afectadas y se mantiene el objetivo de que no llegue a las granjas. La clave, subrayan, es limitar al máximo la movilidad de los jabalíes infectados y evitar que el virus salga del perímetro de alto riesgo.
Cierre total del Parque Natural de Collserola
La consecuencia inmediata de este primer caso en Barcelona es la ampliación del cierre del Parque Natural de Collserola. Lo que hasta ahora eran restricciones parciales y nocturnas se transformará en una prohibición generalizada de acceder al medio natural del parque durante todo el día. El Govern aprobará una resolución específica para hacer efectivas estas limitaciones y adaptarlas a la realidad de cada municipio afectado.
Las nuevas restricciones suponen el bloqueo del acceso al entorno forestal para pasear, correr, ir en bicicleta, hacer excursiones o pasear perros por pistas y senderos. También se clausuran las zonas de picnic, aparcamientos y buena parte de las actividades recreativas al aire libre. La caza queda prohibida, salvo las batidas organizadas por las autoridades para controlar la población de jabalíes y frenar la propagación de la PPA.
Pese a la dureza de las medidas, el conseller ha lanzado repetidamente un mensaje de tranquilidad: las personas que viven o trabajan en la zona seguirán pudiendo desplazarse. Seguirán abiertos los accesos a viviendas, negocios, equipamientos, restaurantes, el parque de atracciones del Tibidabo y las paradas de transporte público. La idea es limitar el uso recreativo y deportivo de la montaña, no aislar a quienes dependen de esos núcleos para su día a día.
Ordeig ha reconocido que es “imposible blindar” de forma absoluta un espacio forestal como Collserola, con barrios, urbanizaciones y carreteras que lo atraviesan, pero ha defendido que la estrategia pasa por tratar la montaña como una sola unidad y reforzar los controles allí donde hay más tránsito. Para ello se han programado reuniones con los ayuntamientos implicados y las policías locales con el objetivo de concretar qué caminos se cierran, cómo se señalizarán y de qué forma se informará a la ciudadanía.
La Generalitat insiste en que la colaboración ciudadana es esencial: se pide respetar las prohibiciones de acceso y avisar al teléfono 112 en caso de localizar jabalíes muertos o con síntomas sospechosos. Las patrullas conjuntas de agentes rurales, Mossos d’Esquadra, Seprona y técnicos de Agricultura ya trabajan sobre el terreno para supervisar el cumplimento de las normas y controlar la presencia de animales infectados.
18 municipios en zona de alto riesgo y expansión del foco
Con la entrada de Barcelona en el mapa de la PPA, ya son 18 los municipios que forman parte de la zona de alto riesgo alrededor de Collserola y del Vallès Occidental. Esta categoría implica las medidas más estrictas de acceso al medio natural y el despliegue reforzado de efectivos para vigilar y capturar jabalíes.
Dentro de este perímetro se incluyen localidades como Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda, así como varios municipios del Baix Llobregat: Molins de Rei, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y Esplugues, además de la propia ciudad de Barcelona. En algunos casos la afectación es total y en otros solo alcanza zonas concretas del término municipal, como áreas limítrofes con el parque.
El recorrido del brote ha sido progresivo: primero se detectaron casos en la zona cero alrededor de la UAB, en Cerdanyola del Vallès; posteriormente, los primeros positivos fuera del radio inicial de seis kilómetros aparecieron en Molins de Rei, lo que obligó a sumar esta localidad y El Papiol al área de máximo control. Poco después se añadieron Sant Feliu de Llobregat y un enclave de Barcelona, hasta llegar a la detección en Sant Just Desvern y, finalmente, al positivo ya confirmado en el término barcelonés.
Para frenar esa expansión se han establecido barreras físicas y químicas que dificultan la movilidad de los jabalíes y se han incrementado las batidas de captura dentro de un radio de 20 kilómetros. El objetivo declarado es reducir drásticamente la población de jabalíes en toda la zona, hasta el punto de que el Govern se plantea sacrificar todos los animales salvajes en los alrededores del foco antes del verano si la situación lo requiere.
Las autoridades catalanas calculan que en el conjunto del territorio puede haber entre 125.000 y 180.000 jabalíes, una cifra que consideran claramente excesiva por los problemas de seguridad vial, daños en cultivos y ahora también por el riesgo sanitario ligado a la PPA. Entre las medidas sobre la mesa se encuentra incluso la ampliación de la temporada de caza del jabalí para acelerar la reducción de la población.
Impacto sobre el sector porcino y tensión económica
Aunque de momento no se ha detectado la PPA en ninguna granja porcina, el sector vive la situación con una preocupación creciente. Cataluña, junto con Aragón, es uno de los grandes polos de producción de porcino en España, y la mera presencia del virus en la fauna silvestre ha generado restricciones a la exportación hacia aproximadamente un 15% de los mercados internacionales, un veto que se prolongará, como mínimo, un año entero desde la detección del último caso.
Asociaciones del sector, como la Asociación Nacional de Ganado Porcino (Anprogapor), alertan de que el escenario ha pasado de ser “preocupante” a “crítico”. Su director, Miguel Ángel Higuera, ha llegado a advertir de que, si no se consigue frenar ahora la propagación del virus en los jabalíes, España podría verse abocada a un modelo similar al alemán, donde la PPA se ha instalado de forma endémica, obligando a reducir en torno a un 20% la cabaña y la producción.
Ese recorte tendría un efecto muy notable en la economía: el conjunto de la ganadería y la industria cárnica ligada al porcino aporta entre 25.000 y 30.000 millones de euros al PIB español. Una reducción del 20% podría suponer hasta 6.000 millones de euros menos, con un impacto directo en empleo, exportaciones y tejido industrial. De ahí que el sector insista en que lo que está en juego va mucho más allá de un problema estrictamente sanitario en fauna salvaje.
Las organizaciones ganaderas también reclaman más recursos humanos y materiales para las tareas de control. Entre las propuestas figura implicar a unidades del Ejército o de la Guardia Civil que apoyen a los agentes rurales, con el objetivo de multiplicar la capacidad de vigilancia, captura de animales y control de accesos. Paralelamente, entidades como el Grup de Sanejament Porcí (GSP) piden que todos los ayuntamientos afectados se involucren más y trasladen con claridad a la ciudadanía la gravedad de la situación.
Desde la Generalitat, Òscar Ordeig ha defendido la gestión realizada hasta ahora y ha recordado que el Govern ha movilizado ya unos 40 millones de euros para hacer frente a varias crisis sanitarias en el ámbito animal, entre ellas la gripe aviar, la dermatosis nodular contagiosa y la propia PPA. Ha avanzado que serán necesarios más fondos en las próximas semanas para completar cierres perimetrales e infraestructuras, muchas de ellas coordinadas con organismos como Infraestructures.cat o Adif.
Origen del brote, previsiones y papel de la ciudadanía
Desde el inicio de la crisis, una parte del debate técnico se ha centrado en el posible origen del brote en Cataluña. Durante las primeras semanas se llegó a apuntar al laboratorio de investigación IRTA-CReSA, situado en Bellaterra, muy cerca de los primeros casos detectados. Sin embargo, un análisis genético del virus realizado por el Ministerio de Agricultura ha descartado esta hipótesis: la secuenciación indica que la variante detectada en los jabalíes no coincide con las muestras que se manejan en ese centro.
Las investigaciones oficiales se orientan ahora hacia un origen externo vinculado a alimentos o productos contaminados procedentes de otros países, una vía de entrada que ya se ha visto en anteriores episodios de PPA en Europa. Por ello se insiste en la importancia de respetar de forma estricta las normas de bioseguridad en granjas, mataderos, transportes de animales y gestión de residuos alimentarios, especialmente en las zonas cercanas al foco.
En paralelo, la Generalitat recuerda que la PPA no supone ningún riesgo para las personas ni por contacto con los animales ni por el consumo de carne de cerdo o productos derivados. Las medidas que se están tomando afectan exclusivamente a la fauna silvestre y al acceso al medio natural, y tienen como finalidad proteger la salud animal y evitar un golpe mayor al tejido económico vinculado al porcino.
En el terreno práctico, a los vecinos de los municipios incluidos en la zona de alto riesgo se les pide que extremen las precauciones: no alimentar jabalíes, no manipular restos de animales, evitar pasear perros sin correa en entornos limítrofes a las áreas restringidas y seguir todas las indicaciones de los agentes que controlan los accesos. A quienes utilizan habitualmente Collserola como espacio de ocio se les recuerda que el cierre no tiene una fecha de finalización clara y que el levantamiento de las restricciones dependerá de la evolución del brote.
El propio conseller ha reconocido que la solución no será a corto plazo y que los próximos meses serán determinantes para saber si la estrategia de tratar la montaña como un bloque, intensificar las capturas y limitar al máximo la movilidad de los jabalíes basta para contener el virus. Mientras tanto, el gran pulmón verde de Barcelona permanecerá prácticamente vetado al uso recreativo, convertido en el epicentro de una crisis sanitaria que combina retos ambientales, económicos y sociales y que exige, según las autoridades, un plus de paciencia y responsabilidad por parte de toda la población afectada.
