La peste porcina africana en Cataluña ha desencadenado una respuesta sin precedentes por parte de las autoridades, que tratan de frenar el impacto sanitario, económico y social de un brote que, por ahora, sigue concentrado en la sierra de Collserola, a las puertas de Barcelona. Los casos confirmados se sitúan en un pequeño núcleo de jabalíes salvajes, mientras se refuerza día a día la vigilancia sobre las explotaciones porcinas y la fauna silvestre del entorno.
Aunque el virus no afecta a las personas ni por contacto ni a través del consumo de carne, la enfermedad es altamente contagiosa y mortal para cerdos y jabalíes, y supone una amenaza directa para uno de los pilares del sector agroalimentario catalán. Entre el cierre de exportaciones, las restricciones en el medio natural y el coste de los operativos desplegados, la factura económica empieza a subir con fuerza y ha encendido todas las alarmas en el Govern y en el Ministerio de Agricultura.
Un brote localizado en Collserola y una emergencia oficial en Cataluña
El foco inicial se detectó a finales de noviembre, cuando se hallaron los primeros jabalíes muertos con peste porcina africana en el entorno de Bellaterra, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Desde entonces, las pruebas de laboratorio han confirmado entre 13 y 16 casos positivos, todos ellos dentro de un perímetro de seis kilómetros, considerado la zona de máximo riesgo.
Las autoridades catalanas han insistido en que el brote permanece acotado en la fauna silvestre. Pese a que se han recogido y analizado más de un centenar de jabalíes muertos en la zona y sus alrededores, la inmensa mayoría han dado negativo. Esta concentración de positivos en un área reducida ha permitido mantener cierto control epidemiológico, aunque el riesgo de expansión sigue muy presente.
Para poder reaccionar con rapidez, la Generalitat ha declarado formalmente la emergencia por peste porcina africana en Cataluña. Esta figura permite tramitar de manera urgente contratos de servicios, suministros y obras destinados a contener, prevenir y paliar los efectos del brote y sus posibles variantes. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha subrayado que la decisión responde a la preocupación por la posible salida de animales infectados de la zona de confinamiento y el riesgo de que la enfermedad salte a otras zonas de Cataluña o a otras comunidades autónomas.
Entre las actuaciones que se agilizan se incluyen la compra de material veterinario, medicamentos, equipos de protección, sistemas de limpieza y desinfección, así como la contratación de servicios de recogida y tratamiento de residuos, el alojamiento para los equipos desplazados y el refuerzo de dispositivos de vigilancia en áreas rurales y periurbanas.
Rastreo intensivo: 11.000 hectáreas peinadas y dos anillos de seguridad
Desde la detección del foco, la prioridad ha sido localizar y retirar todos los animales muertos que pudieran actuar como fuente de contagio. Para ello se han creado dos anillos de vigilancia: un primer perímetro de seis kilómetros alrededor del punto de los primeros casos, considerado zona cero, y un segundo cinturón que se extiende hasta los 20 kilómetros, catalogado como área de riesgo menor.
Según ha detallado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, se han rastreado ya unas 11.000 hectáreas. Aproximadamente la mitad del terreno se ha inspeccionado a pie, un 30% mediante drones y el 20% restante con perros adiestrados para la detección de cadáveres de fauna. Se trata de un despliegue poco habitual en este tipo de crisis, tanto por la superficie cubierta como por la diversidad de medios empleados.
En la zona de alto riesgo se llegó a localizar alrededor de un centenar de jabalíes muertos, aunque solo una pequeña parte dio positivo en las analíticas. A medida que se completa el rastreo en el primer anillo, el operativo se desplaza al segundo perímetro de 20 kilómetros para cerrar cualquier posible ruta de salida de los animales infectados y reforzar la seguridad en las proximidades de las explotaciones porcinas.
El dispositivo de control incluye a unos 1.000 efectivos en primera línea, entre personal de la Dirección General de Bosques, Agents Rurals, policías locales, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, unidades caninas, Protección Civil, Cruz Roja, SEM, UME, bomberos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, además de personal voluntario. Interior ha cifrado en hasta 2.620 las personas que han intervenido en algún momento en las tareas de vigilancia, información a la ciudadanía y control de accesos.
Las restricciones de acceso al medio natural en 91 municipios de la provincia de Barcelona, que han vaciado Collserola de excursionistas durante puentes y fines de semana, se mantienen al menos hasta el 14 de diciembre. Ordeig ha garantizado que estas limitaciones no se prolongarán más tiempo del estrictamente necesario, pero pide paciencia para evitar “pasos en falso” que puedan comprometer el trabajo ya realizado.
Granjas bajo vigilancia y sacrificio controlado de cerdos sanos
Una de las mayores inquietudes del sector era que el virus llegara a alguna granja de la zona de vigilancia. Por ahora, las analíticas han aportado cierto alivio. El conseller de Agricultura ha reiterado que “la peste no está en ninguna granja”. Se han realizado pruebas en 55 explotaciones dentro del radio de 20 kilómetros y todas han dado negativo. En las 39 granjas que se analizaron desde el primer momento, las PCR se repiten cada semana y los resultados siguen confirmando la ausencia de la enfermedad.
Aun así, el movimiento de animales está estrictamente controlado. Las explotaciones situadas dentro de este perímetro solo pueden enviar cerdos a mataderos españoles, sin posibilidad de exportación, y siempre tras nuevas pruebas de laboratorio antes del sacrificio. Se calcula que hay unos 35.000-36.000 animales sanos en estas granjas que se destinarán al mercado interior bajo un protocolo reforzado de seguridad y trazabilidad.
Los servicios veterinarios de la Generalitat mantienen un alto nivel de alerta, con refuerzo de la bioseguridad en explotaciones y una intensa vigilancia pasiva de jabalíes en Cataluña y en el resto de comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha recalcado que es fundamental que los ganaderos mantengan estrictamente las medidas de higiene, control de accesos y gestión de residuos para evitar que el virus penetre en las instalaciones.
La buena noticia para el sector es que, transcurridos varios días desde el inicio del brote, no se ha detectado ningún síntoma sospechoso en cerdos domésticos ni se han registrado lesiones compatibles con la peste porcina africana en las granjas controladas. Eso permite mantener la esperanza de que el episodio pueda cerrarse sin que la enfermedad llegue a la cabaña porcina doméstica.
Un golpe económico para un gigante exportador de carne de cerdo
La dimensión económica del brote es considerable. Cataluña es uno de los principales polos productores y exportadores de porcino de Europa. En la última década, las exportaciones de carne de cerdo se han prácticamente duplicado y buena parte de la producción está orientada a mercados exteriores de alto valor añadido.
Entre los destinos más relevantes de la carne de cerdo catalana figuran China, Italia, Francia y Japón, además de otros países como Polonia, República Checa, Rumanía o Corea del Sur. Según datos manejados en el Parlament, Japón compra por sí solo en torno a 15.000 toneladas mensuales de producto porcino catalán. El cierre temporal de varios mercados tras la confirmación del brote ha provocado una caída brusca en las ventas al exterior.
Las organizaciones del sector calculan que la crisis está ocasionando pérdidas superiores a los 20 millones de euros semanales, cifra que incluye el bloqueo de exportaciones, los costes extra de gestión y la desorganización en la cadena de valor. Se habla de unos 40.000 puestos de trabajo que podrían verse perjudicados si la situación se prolonga o si nuevos países deciden cerrar sus fronteras al porcino español.
Para amortiguar el impacto, el Govern ha aprobado un plan de ayudas de 20 millones de euros, que combina una partida presupuestaria inicial de 10 millones, ampliable en otros 10, con líneas de crédito a través del Institut Català de Finances (ICF). La intención es apoyar a granjas, empresas cárnicas, industrias auxiliares y negocios vinculados al turismo o al ocio situados dentro de la zona de restricción.
Además, las empresas exportadoras contarán con programas específicos de acompañamiento a través de Prodeca y Acció, las sociedades públicas encargadas de la promoción agroalimentaria y empresarial. Se prevé ofrecer asesoramiento para mantener clientes internacionales, buscar mercados alternativos en caso de cierres prolongados y gestionar los contratos afectados por la alerta sanitaria.
Sobrepoblación de jabalíes y plan para reducir la fauna salvaje
El brote de peste porcina africana ha puesto en primer plano un problema del que se llevaba tiempo hablando en Cataluña: la sobreabundancia de jabalíes. El Govern cifra en unos 125.000 los ejemplares de población reproductora en los meses más fríos, cantidad que puede llegar a los 180.000 animales en verano, en plena época de cría.
La densidad media en la comunidad ronda los 6-6,3 jabalíes por kilómetro cuadrado, con zonas donde esa cifra prácticamente se triplica. La Dirección General de Bosques propone como objetivo situar el máximo en 4 jabalíes por km², lo que implicaría reducir la población actual aproximadamente a la mitad. “Sobran jabalíes en Cataluña”, ha resumido el conseller Ordeig en sede parlamentaria.
Este exceso de fauna salvaje no solo eleva el riesgo sanitario por enfermedades como la PPA, sino que está detrás del 90% de los accidentes de tráfico causados por fauna y provoca daños recurrentes en cultivos y entornos periurbanos. La convivencia con los jabalíes se ha ido tensando con los años, especialmente en zonas cercanas a núcleos urbanos donde los animales han perdido parte del miedo a las personas.
Como respuesta, el Govern ha impulsado la llamada Mesa del Jabalí de Cataluña, un foro de trabajo en el que participan administraciones, organizaciones agrarias, entidades ambientales y representantes del colectivo de cazadores. Su misión será pactar un plan de acción para disminuir la densidad de jabalíes, compatibilizando la reducción de la población con criterios de bienestar animal, seguridad ciudadana y protección del medio natural.
Desde 2021 existe una línea de ayudas de alrededor de un millón de euros anuales para fomentar las capturas. Se otorgan incentivos de hasta 20 euros por jabalí abatido, ayudas adicionales de entre 5 y 10 euros por animal para el transporte de las piezas y subvenciones para mejorar infraestructuras ligadas a la carne de caza. El objetivo es que los cazadores, un colectivo envejecido y en retroceso, asuman un papel más activo en la gestión de la fauna salvaje.
Estrategias de control: de los drones a las armas con silenciador
La gestión de la peste porcina africana sigue las recomendaciones de la Unión Europea, que contempla el control y sacrificio de jabalíes como una de las herramientas para frenar la circulación del virus, siempre bajo estricta supervisión y evitando provocar desplazamientos descontrolados de la fauna. Las autoridades catalanas han optado por aplicar estas medidas por fases.
En la primera etapa del operativo no se realizaron batidas en el perímetro crítico de seis kilómetros, con el fin de no dispersar a los animales potencialmente infectados. La estrategia se centró en sellar la zona, limitar al máximo el acceso de personas y mascotas, y localizar cualquier cadáver de jabalí antes de que fuera consumido por otros animales.
En una segunda fase, el Govern ha comenzado a intensificar las capturas en el segundo anillo de 20 kilómetros, catalogado como área de menor riesgo, utilizando armas de fuego con silenciador. Estas actuaciones están a cargo de equipos especializados, como el Grupo Especial de Captura Cinegética y de Gestión de Animales (GECA) de los Agents Rurals, compuesto por varias decenas de agentes con formación específica.
Interior plantea que esta fase de control del jabalí tenga una duración inicialmente indefinida y que se adapte a la evolución del brote. Se trata de una operación delicada, que busca reducir la densidad de fauna sin generar movimientos bruscos que puedan llevar al virus a zonas libres de la enfermedad.
No todos los actores sociales comparten esta estrategia. Asociaciones como ANDA o Greenpeace han mostrado sus reticencias a la caza como herramienta principal de control, alertando de que los jabalíes que escapan de las batidas pueden huir a nuevas áreas y ayudar a dispersar el virus. También advierten de que la manipulación de animales infectados sin suficiente formación o protección puede convertirse en una vía de transmisión indirecta a través de ropa, calzado, vehículos o utensilios.
Investigación del origen del brote y sospechas sobre los laboratorios
Más allá de la gestión inmediata, uno de los grandes interrogantes es cómo ha llegado el virus a Collserola. El análisis genético realizado por el Ministerio de Agricultura apunta a que la variante detectada en los jabalíes no coincide con las cepas que circulan actualmente en la Unión Europea. El perfil se asemeja más a linajes antiguos asociados a la introducción del virus en el Cáucaso en 2007.
Esta particularidad genética ha obligado a abrir la puerta a escenarios menos habituales, como la posible procedencia del virus de muestras de laboratorio o materiales biológicos. De hecho, el informe del laboratorio de referencia europeo en Valdeolmos (Madrid) fue el que desencadenó que el Gobierno central y la Generalitat solicitaran la intervención de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra para investigar si podría haber habido un fallo en las medidas de bioseguridad.
En paralelo, un juzgado de Cerdanyola del Vallès ha recibido un atestado relacionado con el brote, lo que podría desembocar en una causa penal por posible delito medioambiental. No se descarta que parte de las diligencias se tramiten bajo secreto de sumario para preservar la investigación.
En la zona del foco se encuentran varios centros de investigación en sanidad animal, entre ellos el laboratorio público IRTA-CReSA, ubicado muy cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es este centro el que se encuentra en el punto de mira de la opinión pública, aunque sus responsables han negado tajantemente cualquier ruptura de la bioseguridad.
Desde el IRTA-CReSA se insiste en que se han revisado todos los tratamientos efectuados en los últimos meses y que no se ha detectado ninguna anomalía en los protocolos de contención. Investigadores como Xavier Abad o Joaquim Segalés han reiterado que no hay evidencia de escape del virus desde sus instalaciones y apuntan a otras hipótesis, entre ellas la posible entrada del patógeno a través de alimentos contaminados, como productos cárnicos procedentes de animales infectados.
Comité científico y auditoría independiente de los centros de alta contención
Para dar más transparencia al proceso y disipar dudas, la Generalitat ha constituido un equipo de científicos independiente encargado de auditar el funcionamiento de los laboratorios de alta contención de la zona, con especial atención al IRTA-CReSA y a otros centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del foco.
Este comité está formado por seis especialistas de referencia en bioseguridad y sanidad animal, seleccionados por su experiencia en instalaciones de biocontención de nivel elevado. La coordinación científica recae en Laura Pérez, responsable de animalario y seguridad biológica del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) en Valdeolmos, que depende del Ministerio de Ciencia y es uno de los laboratorios de referencia en peste porcina africana a escala europea.
Junto a ella figuran expertos como Gorka Aduriz, del centro vasco NEIKER-BRTA; Massimo Palmarini, responsable del área de virología en el Erasmus MC de Rotterdam; Gonzalo Pascual, director técnico y responsable de biocontención del Instituto de Salud Carlos III; Xavier Abad, jefe de la unidad de alta biocontención del IRTA-CReSA; y Diana Ramírez, responsable de infraestructuras de producción animal y presidenta del comité de ética de experimentación animal del IRTA.
El grupo cuenta con el apoyo logístico del IRTA, cuyo director general, Josep Usall, coordina la parte organizativa. El conseller Ordeig ha garantizado que estos especialistas dispondrán de autonomía plena y todos los recursos necesarios para revisar protocolos, instalaciones y cadenas de custodia de las muestras. No se descarta incorporar nuevos miembros conforme avance la investigación.
Además de la auditoría interna, se están llevando a cabo secuenciaciones detalladas del virus detectado en los jabalíes, que se comparan con los patógenos almacenados y manipulados en los distintos laboratorios. El objetivo es determinar si existe alguna coincidencia que apunte hacia un origen concreto o si, por el contrario, el brote procede de otra vía, como importaciones ilegales de productos cárnicos o restos de comida mal gestionados.
Contexto europeo y papel de Rusia en la expansión de la PPA
El caso catalán se enmarca en un escenario europeo en el que la peste porcina africana se ha ido extendiendo paulatinamente desde hace más de una década. Un informe interno del MAPA recuerda que el virus entró en Rusia desde la zona del Cáucaso en 2007 y que, debido a deficiencias de bioseguridad, explotaciones al aire libre y prácticas de riesgo, se fue consolidando y desplazando hacia el norte y el oeste.
Entre 2011 y 2012 se produjo una expansión notable en la fauna salvaje y en explotaciones porcinas con escasas medidas de control. Con el tiempo, la PPA ha logrado establecerse en varios países del este de Europa y, según datos oficiales, ha terminado afectando a una docena larga de Estados miembros. España había logrado mantenerse al margen hasta el brote actual en Cataluña, si bien el riesgo se consideraba elevado por el aumento de la población de jabalíes y el flujo de mercancías.
Este contexto internacional explica por qué la aparición del virus en Collserola ha activado alarmas más allá de las fronteras españolas. Los socios comerciales analizan con lupa la reacción de las autoridades y la rapidez en la contención del foco antes de decidir si levantan o no los vetos a la carne de cerdo de origen español.
El Ministerio de Agricultura ha pedido a la ciudadanía extremar la prudencia, tanto en el manejo de restos de alimentos como en los desplazamientos a zonas rurales, para no reproducir situaciones vividas en otros países, donde la dispersión del virus a través de residuos o vehículos jugó un papel clave en la expansión de la enfermedad.
Reapertura de mercados y horizonte a medio plazo para el sector
La evolución relativamente estable del brote, con ausencia de nuevos focos fuera de la zona cero y sin casos en granjas, abre la puerta a una gradual normalización en el plano comercial. El conseller Ordeig se ha mostrado moderadamente optimista respecto a la reapertura de mercados internacionales, siempre que los datos sigan confirmando que la enfermedad está contenida en la fauna salvaje de Collserola.
Corea del Sur figura entre los primeros países con los que se han reanudado las conversaciones para levantar las restricciones. La intención es que las exportaciones se limiten a animales y productos procedentes de explotaciones situadas fuera del radio de 20 kilómetros alrededor del foco, un criterio que la Generalitat defiende como suficiente y proporcionado. Algunos Estados, como China, han adoptado por el momento criterios más estrictos, llegando a bloquear el producto de toda la provincia de Barcelona.
También se trabaja con Filipinas y Japón para recuperar progresivamente el flujo comercial. El Govern insiste en que el trabajo técnico, la transparencia informativa y el refuerzo de la vigilancia deben servir como carta de presentación para convencer a los socios de que la situación está bajo control.
Mientras tanto, el sector reclama más apoyo económico y denuncia que las ayudas anunciadas por las administraciones resultan insuficientes para compensar las pérdidas. Organizaciones y patronales hablan de un impacto que se mide ya en decenas de millones de euros y piden que se amplíen las compensaciones, no solo para las granjas, sino también para industrias cárnicas, empresas logísticas, restauración y ocio afectados por la crisis.
En el plano político, el debate también se ha calentado. Desde la oposición se ha reconocido el esfuerzo técnico desplegado para contener el brote, pero se ha criticado la falta de rapidez en la respuesta económica y las dudas iniciales sobre el origen del foco. La discusión sobre el papel de los cazadores, la gestión de la fauna salvaje y la responsabilidad de los laboratorios ha llegado al Parlament y al Congreso, donde se ha recordado que la competencia sobre el control de especies silvestres recae principalmente en las comunidades autónomas.
Con el virus confinado de momento en un perímetro concreto de Collserola, las granjas libres de infección y la maquinaria científica y administrativa a pleno rendimiento, Cataluña afronta unas semanas decisivas. El equilibrio entre mantener a raya la peste porcina africana, reducir la sobrepoblación de jabalíes, sostener la confianza de los mercados internacionales y responder a las exigencias del sector porcino marcará el desenlace de una crisis que ha dejado claro lo frágil que puede ser un sistema productivo cuando depende, en buena medida, de la sanidad de unos pocos kilómetros de bosque.
