Una gran ofensiva policial coordinada a escala europea ha destapado un entramado de fraudes alimentarios con múltiples ramificaciones en España. En la última edición de Opson XIV, la Guardia Civil ha practicado diez detenciones y 29 investigaciones, tras un despliegue con miles de inspecciones, aprehensiones masivas y focos de actividad delictiva detectados en varios territorios.
El dispositivo, desarrollado con el impulso de redes policiales internacionales, ha puesto el foco en falsificaciones, alimentos de calidad inferior y graves riesgos sanitarios. La operación ha sacado a la luz desde reetiquetados de productos caducados hasta suplantaciones de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, además de una logística pensada para reintroducir género no apto en el mercado.
Magnitud del operativo y cifras clave
Las intervenciones han permitido incautar 11.500 toneladas de productos ilícitos y casi 1,5 millones de litros de bebidas, con especial presencia de alcohol, tras un amplio rastreo de almacenes, centros de distribución, puertos, aeropuertos y medios de transporte.
Durante la operación se realizaron 2.091 inspecciones y registros, en los que se detectaron 1.219 infracciones administrativas. La retirada del mercado supera los 95 millones de euros en bienes, un impacto que refleja la dimensión económica del fraude intervenido.
Entre las categorías afectadas sobresalen bebidas alcohólicas, cereales y grano, además de frutas, hortalizas, carnes, pescados, mariscos, lácteos, azúcar y aditivos, confirmando que el fraude toca tanto productos frescos como elaborados.
Modus operandi detectado y riesgos para la salud
Las pesquisas apuntan a una tendencia al alza: grupos organizados infiltrados en empresas de eliminación de residuos con acceso a alimentos caducados en espera de destrucción, que luego eran reetiquetados con fechas manipuladas para volver a circular como mercancía apta.
Además del reetiquetado, se han identificado falsificaciones de DOP e IGP —especialmente en aceite de oliva y vinos—, junto a documentación aduanera falsa para sortear controles. Este patrón compromete la trazabilidad, la vida útil y la confianza del consumidor, con implicaciones directas en seguridad alimentaria.
En el operativo se verificaron exigencias de seguridad alimentaria, bienestar animal y sanidad vegetal, con el objetivo de cortar las vías de reintroducción de productos no conformes y de reforzar la vigilancia sobre las etiquetas y los canales de distribución.
Actuaciones por territorios en España
La operación en España se ha articulado en varias provincias con resultados especialmente relevantes en Alicante, Huelva, Mallorca, Vigo y Santa Cruz de Tenerife, donde se han detectado fraudes de distinta naturaleza pero con un denominador común: poner en el mercado productos no aptos o mal etiquetados.
- Mallorca: investigación a cinco personas por usar alimento caducado en elaborados cárnicos, manipular trazabilidad y “descontaminar” con lejía; 231 kg intervenidos.
- Vigo (Valencia, Murcia y Pontevedra): intervención de 1.167 toneladas de congelados con fecha de consumo vencida; 1 detenido y 8 investigados.
- Santa Cruz de Tenerife: venta mayorista en mal estado y sin trazabilidad; 25 toneladas incautadas; 1 persona investigada.
- Alicante: bananas de Madeira etiquetadas como Plátano de Canarias (IGP) con documentación falsificada; cerca de 2.000 toneladas comercializadas.
- Huelva: red dedicada a moluscos bivalvos no aptos procedentes de Portugal; 6 detenidos, 2 investigados y unas 7 toneladas intervenidas.
En Mallorca, la inspección a una industria cárnica destapó el uso de materias primas caducadas y alteraciones de la trazabilidad, con reetiquetados de fechas e incluso prácticas de “descontaminación” con lejía, una combinación que supone un riesgo grave para la salud.
Las actuaciones vinculadas a Vigo abarcaron naves en Valencia, Murcia y Pontevedra, donde se hallaron congelados con fechas de consumo vencidas y en malas condiciones organolépticas; el balance fue de una detención y ocho investigados por delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental y fraude alimentario.
En Santa Cruz de Tenerife se investigó a una persona por distribución mayorista de pescados, mariscos y otros productos sin trazabilidad, en mal estado o con cadena de frío rota. La intervención permitió incautar 25 toneladas de perecederos, con apoyo del Área de Salud de Tenerife.
En Alicante, el Seprona puso bajo la lupa a una mercantil que comercializaba bananas de Madeira como Plátano de Canarias (IGP) pese a tener la certificación suspendida, valiéndose de papeles aduaneros falsos. Se estima que se llegaron a distribuir 2.000 toneladas bajo ese etiquetado indebido.
Por último, en Huelva se desarticuló un grupo criminal dedicado a moluscos bivalvos no aptos para el consumo, con género procedente de Portugal y salida al mercado nacional y europeo; la investigación se saldó con seis detenciones, dos investigados y cerca de siete toneladas intervenidas, además de delitos asociados como blanqueo de capitales, falsedad documental y, en algunos casos, fraude de fluido eléctrico.
Cooperación internacional y organismos implicados
Opson XIV ha contado con la participación de cuerpos policiales de 31 países, que emitieron 101 órdenes de detención, con 631 personas denunciadas y la desarticulación de 13 organizaciones criminales dedicadas a este tipo de fraude.
En España, la coordinación ha involucrado a las consejerías autonómicas competentes, la Dirección General de la Industria Alimentaria y la Subdirección de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Alimentarios del MAPA, así como a la AESAN, en colaboración técnica con la EFSA.
Esta arquitectura de cooperación favorece un control más fino de la trazabilidad, el etiquetado y los flujos comerciales, claves para detectar irregularidades repetidas, bloquear vías de reintroducción de productos no conformes y proteger al consumidor.
Implicaciones para el sector y para el consumidor
El patrón detectado impacta directamente en la cadena de suministro: desde la recepción y almacenamiento hasta la gestión de mermas, reforzando la necesidad de controles documentales y físicos que acrediten la vida útil real y la integridad del producto.
Para el consumidor, la operativa fraudulenta erosiona la confianza en etiquetas de calidad como DOP o IGP, de ahí que los esfuerzos se hayan centrado en atajar la falsificación documental y el reetiquetado, así como en retirar a tiempo mercancía potencialmente peligrosa del punto de venta.
El operativo deja un mapa claro del problema: fraudes sofisticados, cifras de incautación históricas y un trabajo coordinado que ha permitido golpear con fuerza estas redes; con la vigilancia reforzada y la cooperación entre países y organismos, el objetivo es reducir su margen de maniobra y proteger la seguridad alimentaria en toda la cadena.