Los menores de 16 años en España están cada vez más cerca de no poder comprar legalmente bebidas energéticas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja ya en una nueva regulación estatal que limitará la venta de estos productos a los adolescentes, en un contexto de preocupación creciente por su impacto en la salud.
La futura norma contempla además un segundo escalón de protección: las bebidas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros quedarían vetadas también para los menores de 18 años. El Gobierno quiere así atajar el consumo de los productos más concentrados en cafeína, muy presentes en el mercado y especialmente populares entre los jóvenes.
Qué ha anunciado exactamente el Ministerio
El responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado desde Barcelona que su departamento impulsará una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años. Para las opciones con un contenido superior a 32 mg de cafeína por 100 ml, la restricción se ampliará a todo el colectivo menor de 18 años.
El ministro ha admitido que aún se está definiendo la fórmula jurídica más adecuada y los plazos concretos, ya que la norma deberá superar la tramitación correspondiente y pasar por el Consejo de Ministros. Aun así, Bustinduy ha insistido en su intención de que el texto vea la luz «en el menor tiempo posible», subrayando que existe un clima político y social propicio para sacarlo adelante.
El anuncio se ha realizado coincidiendo con la agenda del ministro en Barcelona, donde ha participado en el primer congreso multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad. Antes y después de este acto, Bustinduy ha mantenido encuentros con la Gasol Foundation, entidad centrada en combatir la obesidad infantil mediante programas de promoción de la salud, un contexto que refuerza el enfoque de salud pública de la medida.
Desde el Gobierno se recalca que la prohibición a menores no pretende demonizar el producto, sino situarlo fuera del alcance de una población considerada especialmente vulnerable por su etapa de desarrollo físico y mental. El objetivo es reducir la exposición a un tipo de bebida que, según múltiples estudios, se asocia con problemas de sueño, alteraciones cardiovasculares y un mayor riesgo de conductas de riesgo.
Un amplio apoyo social y datos de consumo preocupantes
La iniciativa no nace en el vacío. El Ministerio se apoya en el último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que refleja un respaldo abrumador a la limitación de las bebidas energéticas en menores. Según esta encuesta, nueve de cada diez personas en España se muestran a favor de prohibir su venta a quienes no hayan cumplido los 16.
Este apoyo se extiende también a los propios jóvenes: el 88,3% de los encuestados de entre 18 y 35 años respalda la prohibición. En el conjunto de edades, el 91% considera adecuado impedir la venta a menores de 16 años y más de la mitad de la población (el 54%) apostaría por extender el veto hasta la mayoría de edad.
El mismo barómetro confirma además una percepción clara de riesgo en torno a las bebidas energéticas. Un 25% de las personas consultadas reconoce consumirlas, con una media de algo más de dos tomas a la semana. Dentro de ese grupo, casi la mitad (un 49%) declara que bebe al menos una lata al día, y un 47% admite que las mezcla de manera habitual con alcohol, una combinación especialmente problemática desde el punto de vista sanitario.
Si se mira específicamente a la población adolescente, los datos no son más tranquilizadores. La encuesta ESTUDES sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias del Ministerio de Sanidad indica que el 38,4% de los estudiantes de entre 14 y 18 años consumió bebidas energéticas en el último mes. Entre ellos, los chicos presentan prevalencias más altas que las chicas, y el consumo aumenta claramente a partir de los 16 años.
Además, en torno a un 15% de los alumnos de 14 a 18 años reconoce haber mezclado bebidas energéticas con alcohol en los 30 días previos a la encuesta, de nuevo con cifras superiores en varones. Este uso combinado multiplica los riesgos, al enmascarar los efectos del alcohol y favorecer consumos más altos sin que el joven perciba el nivel de intoxicación.
Contexto autonómico y necesidad de armonizar la ley
La iniciativa estatal llega en un momento en el que varias comunidades autónomas ya han comenzado a moverse por su cuenta. Galicia cuenta con una regulación que prohíbe tanto la venta como el consumo de bebidas energéticas a menores de 18 años, con la posibilidad de imponer sanciones económicas de hasta 3.000 euros, y Asturias trabaja en una norma propia con límites de edad en línea con la propuesta del Ministerio.
Esta diversidad de criterios ha generado malestar entre parte del sector de la distribución. Asociaciones como AESAD y ANGED han denunciado la fragmentación del mercado interior que provocan las diferencias en la edad mínima de compra entre territorios vecinos, con situaciones tan llamativas como que un joven de 17 años pueda adquirir una bebida energética en un municipio y, a pocos kilómetros, no pueda hacerlo por la normativa de la comunidad colindante.
Para Consumo, precisamente, estas tensiones refuerzan la necesidad de unificar la regulación a nivel estatal. El objetivo es evitar «diferencias injustificables» entre regiones y ofrecer un marco común que dé seguridad jurídica y facilite el control, sin renunciar a los criterios de salud pública que han llevado a los gobiernos autonómicos pioneros a actuar.
El ministerio recuerda, además, que el movimiento español se coloca en sintonía con lo que ya está ocurriendo en otros países europeos. Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania han adoptado medidas similares dirigidas a limitar el acceso de niños y adolescentes a las bebidas energéticas, ya sea mediante restricciones directas de venta, etiquetado reforzado o campañas específicas.
En paralelo, Bustinduy insiste en que la futura norma no se centrará únicamente en el consumidor final, sino que se inserta en una estrategia más amplia que incluye restricciones en entornos concretos, control de la publicidad y recomendaciones claras de las autoridades sanitarias sobre el papel de estas bebidas en la dieta.
Qué dicen la ciencia y los organismos sanitarios
El respaldo científico a la medida ha sido uno de los argumentos más repetidos por el Ministerio. Informes como el elaborado en 2021 por el Comité Científico de la AESAN advierten de que un consumo elevado de cafeína puede provocar alteraciones del sueño, efectos psicológicos y de comportamiento, además de trastornos cardiovasculares, algo especialmente relevante en edades en las que el sistema nervioso está en pleno desarrollo.
La literatura científica citada por la AESAN y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) subraya que los adolescentes alcanzan con mayor rapidez niveles de cafeína asociados a toxicidad cardiovascular. Estudios de evaluación de riesgo han puesto de manifiesto que, a partir de ciertas dosis, el consumo en jóvenes puede generar taquicardias, arritmias, picos de tensión, síncopes e incluso, en casos extremos, eventos graves como convulsiones.
Profesionales como Jesús Francisco García-Gavilán, investigador en nutrición en la Universitat Rovira i Virgili, recuerdan que una sola lata de determinadas bebidas energéticas puede equivaler a tres o cuatro cafés expreso en términos de cafeína, a lo que se suma la presencia de otros compuestos estímulantes como la taurina o el guaraná, apenas estudiados en población pediátrica, y de cantidades muy altas de azúcar.
Durante la adolescencia, el cerebro atraviesa una fase crítica en la que, según estos expertos, la ingesta crónica de grandes dosis de cafeína puede alterar la calidad y la duración del sueño y el sistema de recompensa dopaminérgico. Esa disrupción se vincula con mayor vulnerabilidad a problemas de ansiedad, síntomas depresivos, dificultades en la consolidación de la memoria e incluso un incremento del riesgo de conductas adictivas en etapas posteriores.
Sociedades científicas y organismos de referencia en salud pública, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría (AEP), apuntan en la misma dirección: consideran que los posibles beneficios que puedan atribuirse a estas bebidas en términos de «energía» o «rendimiento» no compensan en absoluto los riesgos neurológicos, cardiovasculares y metabólicos que comportan en niños y adolescentes.
Efectos sobre la vida diaria y la salud a largo plazo
Más allá de los datos clínicos, los expertos recuerdan que el impacto de estas bebidas se deja notar en la vida cotidiana de muchos adolescentes. La AESAN ha señalado que a partir de unos 60 miligramos de cafeína en jóvenes de 11 a 17 años ya pueden observarse alteraciones del sueño, algo que equivale aproximadamente a unos 200 ml de una bebida energética típica con 32 mg de cafeína por cada 100 ml.
Cuando la ingesta se eleva hasta los 160 miligramos de cafeína, es decir, el contenido aproximado de un envase de medio litro de ciertas marcas habituales, los informes advierten de efectos adversos más generales para la salud: problemas psicológicos y de comportamiento, irritabilidad, nerviosismo, y un mayor riesgo de trastornos cardiovasculares en personas predispuestas.
La falta de descanso de calidad se asocia también con peores resultados académicos, mayor impulsividad y dificultades de concentración, además de relacionarse con problemas metabólicos como la obesidad o la diabetes tipo 2. De hecho, pediatras y médicos de familia apuntan a un incremento de consultas por taquicardias, arritmias, síncopes y picos de tensión arterial en población joven, episodios que hace unos años eran mucho menos frecuentes.
En el plano nutricional, investigadores como Javier Sánchez Perona, del Instituto de la Grasa-CSIC, han llamado la atención sobre la confusión que genera el término «bebida energética». Muchos padres y adolescentes pueden interpretar que aportan la energía necesaria para afrontar el día, cuando en realidad su principal contribución es un cóctel de cafeína, azúcar y otros estimulantes.
Ese malentendido lleva en ocasiones a sustituir comidas clave, como el desayuno, por una lata de bebida energética, lo que puede provocar un déficit de nutrientes esenciales y un mal reparto de la ingesta calórica. Para este tipo de expertos, dada la magnitud del consumo entre menores y la evidencia acumulada, resulta prudente establecer un veto específico para este grupo de edad en el punto de venta.
Un problema de salud, pero también de cultura y publicidad
El fenómeno de las bebidas energéticas no se limita al ámbito sanitario. Para especialistas en salud pública como Josep Maria Suelves, del Behavioural Design Lab del UOC eHealth Center, existe un componente cultural y de marketing decisivo en la expansión de estos productos entre los jóvenes, similar a lo que ocurrió en su momento con el tabaco.
En la última década, las marcas han desplegado campañas de publicidad muy agresivas, vinculando su consumo a la diversión, el deporte extremo y un estilo de vida activo. Se han utilizado influencers, deportistas de élite e ídolos juveniles para promocionar las bebidas, generando una imagen de prestigio y pertenencia a grupo que resulta especialmente atractiva para los adolescentes.
Los datos del barómetro de la AESAN apuntan a que cada niño en España llega a recibir más de 4.000 anuncios de comida no saludable al año solo a través de la televisión, lo que supone casi 11 impactos diarios. Si se suman redes sociales y otras plataformas digitales, esa cifra podría rondar la treintena de anuncios al día, según cálculos del propio Ministerio.
La OMS advierte de que la exposición continuada a este tipo de publicidad incrementa la ingesta calórica total, favorece la elección de alimentos y bebidas de baja calidad nutricional y tiene un efecto perjudicial sostenido sobre la salud infantil. Además, muchas estrategias comerciales emplean técnicas persuasivas que pasan desapercibidas para el menor, lo que dificulta que identifique el mensaje como publicitario.
Con este contexto, Bustinduy sostiene que regular el acceso de los menores a las bebidas energéticas no es una medida paternalista, sino una forma de protección frente a estrategias de marketing dirigidas a un grupo especialmente vulnerable. Varios expertos coinciden en que las políticas públicas deben ir más allá de apelar al «consumo responsable» y actuar también sobre la oferta, la promoción y las condiciones de venta.
Otras medidas ya en marcha y la hoja de ruta de Consumo
La normativa anunciada no parte de cero. El Ministerio de Consumo ya dio un primer paso importante al prohibir la presencia y venta de bebidas energéticas en todos los centros escolares del país mediante el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado en la anterior legislatura.
A esa restricción en colegios e institutos se ha sumado la iniciativa de limitar la publicidad de alimentos con perfil nutricional poco saludable dirigida a niños y adolescentes, un proyecto regulatorio que en su momento se encontró con la oposición de parte de la industria y que el actual equipo ministerial quiere retomar y reforzar.
Según el barómetro de la AESAN, casi el 80% de la población considera que debería prohibirse la publicidad de alimentos insanos a menores. Países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia ya han implantado limitaciones relevantes en este campo, y España aspira a alinearse con esas recomendaciones internacionales para combatir la obesidad infantil.
El ministerio enmarca así el veto a las bebidas energéticas en una estrategia más amplia que pretende reducir el consumo de productos ultraprocesados, muy calóricos y pobres en nutrientes entre la población infantil y adolescente. Para Bustinduy, se trata de «una cuestión de salud pública» y de garantizar el derecho de los menores a crecer en un entorno alimentario más sano, aunque ello suponga «poner coto a los poderosos» y limitar determinados modelos de negocio.
Las organizaciones científicas y de salud pública consultadas por entidades como Science Media Center España coinciden en que las iniciativas regulatorias deben acompañarse de campañas de educación alimentaria y de un seguimiento riguroso del cumplimiento de la norma. Sin inspecciones y sanciones efectivas, advierten, existe el riesgo de que parte de las ventas se desplacen a canales menos controlados.
En un escenario en el que casi la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años declara consumir este tipo de bebidas y las ventas nacionales han crecido con fuerza en los últimos años, el anuncio del Gobierno abre un debate de fondo sobre el modelo de ocio, el papel de la publicidad y los límites que la sociedad quiere poner al acceso de los menores a determinados productos. La futura norma, sumada a las restricciones ya vigentes en escuelas y a las propuestas sobre publicidad, apunta a un cambio de rumbo claro en la política española respecto a las bebidas energéticas.
