La Comisión Europea ha decidido poner freno a la entrada de productos cárnicos brasileños en el mercado comunitario. Desde este jueves 3 de septiembre, quedan suspendidas las importaciones de carne de vacuno, aves de corral, carne equina, productos de acuicultura, miel y tripas procedentes de Brasil. El motivo: el país sudamericano no ha ofrecido garantías suficientes sobre el cumplimiento de la normativa europea relativa al uso de antimicrobianos en la producción ganadera.
La decisión llega apenas cuatro meses después de que entrara en vigor de forma provisional el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, el pasado 1 de mayo. Durante todo este tiempo, las organizaciones agrarias españolas habían alertado repetidamente sobre la falta de controles en las fronteras y el incumplimiento de las denominadas cláusulas espejo, que exigen a los productos importados los mismos estándares de seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal que se aplican a los ganaderos europeos.
Un veto con impacto económico significativo
La suspensión aprobada por Bruselas supone un duro golpe para la economía brasileña. Según los datos manejados por la Comisión, las exportaciones de los sectores afectados alcanzaron el año pasado un valor de al menos 178 millones de euros. Brasil se había consolidado como el segundo mayor proveedor de carne de vacuno de la UE en 2025, con más de 92.000 toneladas exportadas por un valor superior a 713 millones de euros.
En el caso concreto de España, Brasil es el sexto proveedor agroalimentario en volumen de negocio. El año pasado, nuestro país compró 6,29 millones de toneladas de productos brasileños y gastó 2.920 millones de euros en su adquisición. Las importaciones europeas de carne bovina brasileña aumentaron un 36,7% en 2025, pasando de 87.603 toneladas en 2024 a 119.779 toneladas el año pasado, lo que consolidó a Brasil como uno de los principales suministradores externos de vacuno para el mercado europeo.
El campo español celebra la medida, aunque con matices
Las organizaciones agrarias españolas han recibido con satisfacción la decisión de Bruselas, aunque no han ocultado su decepción por lo tardío de la medida. Desde Asaja, su portavoz ha señalado que la suspensión supone «un paso hacia la reciprocidad real» y una reivindicación «histórica» del sector. Eso sí, insisten en que la credibilidad del sistema europeo de seguridad alimentaria depende de aplicar las mismas reglas a todos los operadores, sean comunitarios o de terceros países.
La organización agraria recuerda que el protocolo de certificación brasileño «sigue en fase inicial y ninguna granja ha sido certificada» hasta el momento. Por eso, piden reforzar los controles en frontera y ampliar el veto más allá de los antimicrobianos, para que abarque «todas las irregularidades detectadas en las auditorías comunitarias». Asaja también ha querido subrayar que Brasil forma parte de Mercosur, por lo que considera «insostenible» el argumento del Gobierno de que esta suspensión nada tiene que ver con el acuerdo UE-Mercosur.
En esta misma línea se ha manifestado Joaquín Gargallo, responsable de vacuno de COAG, quien ha lamentado que la medida llega «muy tarde» y ha exigido la aplicación de las cláusulas de salvaguarda para todo el contingente de Mercosur. «Estas medidas de la UE deben ser inmediatas porque afectan a la ganadería de cada territorio», ha subrayado.
Críticas a la gestión de la Comisión Europea
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha ido más lejos y ha acusado a la Comisión Europea de actuar de manera «irresponsable» al haber impulsado la aplicación provisional del acuerdo comercial con Mercosur «mientras todavía existían dudas sobre las garantías ofrecidas por Brasil para cumplir determinadas normas comunitarias». La organización critica que Bruselas haya tenido que anunciar ahora, apenas cuatro meses después del inicio de la aplicación provisional, la suspensión de las importaciones brasileñas.
Desde la Asociación Nacional de Industrias Cárnicas de España (ANICE), su presidente ha señalado que el veto de la Unión Europea a la carne de Brasil «demuestra» que las cláusulas espejo y los controles normativos funcionan. No obstante, las organizaciones firmantes de un comunicado conjunto -entre las que se encuentran Anafric, Anprogapor, Asoprovac, Avianza, Cedecarne, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Cesfac, Fecic, JARC, Ugavan y UPA- han advertido de que limitar este veto exclusivamente al ámbito del uso de medicamentos antimicrobianos resulta insuficiente a la luz de la evidencia oficial.
Efectos en los precios de las lonjas españolas
La Unión de Uniones ha destacado que los efectos del acuerdo ya se están trasladando a las lonjas españolas, donde se están registrando caídas de entre el 10% y el 13% respecto a los niveles anteriores a la entrada en vigor provisional del pacto comercial. «Eso implica que algunos operadores de los eslabones superiores de la cadena estarían utilizando la nueva situación comercial como argumento de presión para intentar reducir los precios percibidos por los productores», denuncia la organización agraria.
La organización también ha lanzado una pregunta incómoda: «¿Quién se va a hacer responsable de los perjuicios para la salud que hasta ahora se hayan podido ocasionar si se demuestra que estos productos no cumplían las normas europeas? Lo que está sobre la mesa hoy ya estaba flotando en el ambiente antes del 1 de mayo y, a pesar de todo, se decidió seguir adelante con la aplicación provisional del acuerdo».
Un proceso que aún no ha terminado
La suspensión de las importaciones, que también incluye los huevos y la miel brasileños, está pendiente en estos momentos de una auditoría cuyos resultados podrían permitir que la entrada de los productos avícolas vuelva a autorizarse en las próximas semanas. Para la carne de vacuno, el proceso podría prolongarse debido a la duración de los ciclos de producción. Según la Comisión, el calendario dependerá de la rapidez con que Brasil demuestre el cumplimiento de los requisitos europeos.
El acuerdo con Mercosur todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, y de hecho se encuentra en estos momentos en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que está revisando su compatibilidad legal después de que el Parlamento Europeo frenara su aprobación el pasado 21 de enero. Pese a ello, la CE optó por que entrase en vigor el 1 de mayo de manera provisional, a la espera del aval judicial.
Mientras tanto, el sector ganadero europeo confía en que hitos como este hagan reflexionar a los eurodiputados españoles. El 3 de septiembre no es un punto final, sino un paso hacia una reciprocidad real y verificable. La pelota está ahora en el tejado de Brasil, que deberá demostrar que sus productos cumplen con los estándares europeos si quiere recuperar el acceso a uno de los mercados más importantes del mundo.